Las presiones de Rafael López-Aliaga sobre quienes lo investigan
Chats, informes oficiales y testimonios detallan las presiones que ejerció el líder de Renovación Popular sobre la procuradora Silvana Carrión y los fiscales del equipo Lava Jato que investigan a su partido, en medio de la campaña electoral por la presidencia.
En la mañana del 30 de mayo de 2025, la procuradora Silvana Carrión revisaba su teléfono cuando apareció un mensaje del exalcalde de Lima y hoy precandidato presidencial Rafael López-Aliaga. “¿Te puedo llamar urgente?”, escribió, acompañado de un documento en PDF. Horas después insistió: “Necesito el apersonamiento de tu procuraduría en este grave caso”.
El asunto era un proceso judicial en Nueva York por el que la Municipalidad de Lima, entonces bajo su gestión, demandaba a la empresa Brookfield, accionista de Rutas de Lima, una de las concesionares de los peajes. Carrión le respondió que evaluaría el pedido. Pero dos días más tarde llegó un nuevo mensaje: “Me estás obligando a salir a la prensa a denunciar este comportamiento”.
Los chats -incluidos en el Informe No 010-2025 de la Procuraduría Ad Hoc para el caso Odebrecht y obtenidos por “La Caja Negra- fueron el primer eslabón de una cadena de presiones que acabó con la destitución de Carrión en setiembre pasado. Según el documento, López-Aliaga desplegó “una campaña política y mediática coordinada” para forzar su salida.
A cinco meses de las elecciones generales de 2026, López-Aliaga encabeza los sondeos nacionales, mientras documentos oficiales y testimonios dan cuenta de presiones sobre procuradores, fiscales y testigos vinculados a investigaciones de su entorno político, según revela una indagación de este medio.
Un patrón de hostigamiento
El informe de 25 páginas, remitido a la Procuraduría General del Estado el 5 de setiembre, describe cuatro fases de hostigamiento: primero, los mensajes de WhatsApp; luego una ofensiva mediática en medios afines como “Expreso”, “Willax TV” y “Canal B”; después, acciones políticas coordinadas con congresistas de Renovación Popular; y finalmente, la presión institucional que culminó con su cese.
Los titulares reproducidos en el expediente muestran la estrategia: “US$ 3,000 millones dependen de Silvana Carrión: procuradora puede salvar caso contra peajes”, publicó el diario “Expreso!” el 6 de junio. “Millonario riesgo para Lima si procuradora no respalda a López-Aliaga”, añadió “Canal B”. En redes sociales, cuentas vinculadas al entorno del candidato presidencial la acusaban de “proteger a Odebrecht” o de “venderse a Brookfield”.
“La presión no fue mediática -declaró Carrión en entrevista con este medio-. Hubo visitas de congresistas de Renovación Popular a la Procuraduría General exigiendo mi destitución”. Entre ellos figuraban Patricia Chirinos y Alejandro Muñante, presidente de la Comisión Odebrecht del Congreso y militante del mismo partido, de acuerdo con el informe No 010-2025.
 INFORME- DIARIOS Y RRSS |  INFORME CAMPAÑA |  CHATS: RLA- SILVANA CARRIÓN |
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Días después de esos ataques, el exministro de Justicia, Juan José Santiváñez, modificó la composición del Consejo Ejecutivo de la Procuradiría General, según una resolución publicada por su propia cartera. Ese nuevo equipo acogió de inmediato tres denuncias presentadas por López-Aliaga contra la procuradora y recomendó su separación. Santiváñez firmó la resolución que la apartó del cargo, el 5 de setiembre pasado.
En su informe, Carrión sostuvo que esa decisión vulneró la independencia de su cargo y los principios básicos que garantiza la autonomía de los procuradores del Estado.
De la Procuraduría al Congreso
Tres semanas después de su salida, la comisión parlamentaria que investiga el acuerdo de colaboración con Odebrecht decidió convertirla en investigada. La decisión fue adoptada por el congresista Aliando Muñante, un aliado político del exburgomaestre de Lima.
En un escrito enviado el 29 de septiembre al Congreso, Carrión solicitó la nulidad de esa decisión y la inhibición de Muñante, a quien acusó de parcialidad.
“Resulta preocupante -señaló Carrión- que la agrupación política investigada, Renovación Popular, actúe ahora como juez respecto de sus investigadores”.
En el documento, de 34 páginas, la exprocuradora aseguró que el presidente de la comisión acudió, junto a otros congresistas de su partido, al despacho de la procuradora general, María Caruajulca, para pedir su destitución, y que posteriormente la atacó en su programa televisivo en “Bethel”. “Ha evidenciado una clara animadversión hacia mi persona”, sostuvo.
La otra investigación
Detrás de las presiones se encuentra una investigación más amplia que amenaza con alcanzar al partido de López-Aliaga.
Según fuentes del Ministerio Público, la fiscal Milagros Salazar, del Equipo Especial Lava Jato, evalúa presentar una acusación por lavado de activos contra Renovación Popular, bajo el argumento de que es el heredero jurídico de Solidaridad Nacional, el partido que, según la Fiscalía, recibió dinero de Odebrecht y OAS durante la campaña municipal de 2014.
La Fiscalía sostiene que ese dinero -al menos 980,000 dólares en total- fue entregado a dirigentes de Solidaridad Nacional a través de su operador Martín Bustamante, hoy colaborador eficaz, según la documentación del caso. “El método era simple: sobres manila con efectivo, entregados fuera del sistema bancario”, detalla el expediente fiscal. Parte de esos fondos, asegura la investigación de la Fiscalía, se canalizaron a través de la Universidad Telesup, propiedad de José Luna Gálvez, entonces secretario general del partido y hoy líder de Podemos Perú.
La Fiscalía considera que, al haberse transformado en Renovación Popular sin modificar su estatuto jurídico, el partido actual es responsable solidario de esos aportes ilícitos.
En abril, la Procuraduría Ad Hoc -bajo la conducción de Carrión- solicitó al Poder Judicial que Renovación Popular asumiera el pago de 238 millones de dólares de reparación civil.
Ese pedido, según fuentes fiscales, fue el detonante. “Desde entonces comenzó una ofensiva política para deslegitimar a la Procuraduría y al equipo Lava Jato”, dice un alto funcionario del Ministerio Público que pidió no ser identificado por razones de seguridad.
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El frente contra los fiscales
López-Aliaga no ha limitado sus ataques a la Procuraduría. En paralelo, la Comisión Odebrecht del Congreso -presidida por Muñante y dominada por Renovación Popular- ha puesto bajo sospecha a los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez, del Equipo Especial. Al igual que con Silvana Carrión, el grupo parlamentario los pasó de testigos a investigados, alegando supuestas irregularidades en la firma del acuerdo de colaboración con Odebrecht.
Consultado por La Caja Negra, el fiscal Rafael Vela señaló que la comisión “ha desnaturalizado su función fiscalizadora para convertirla en un instrumento de intimidación”.
Su oficina remitió un informe al Ministerio Público en el que advierte que las conclusiones del grupo parlamentario se preparan “en coordinación con actores políticos que mantienen interés directo en debilitar al Equipo Lava Jato”.
El informe de Vela coincide con lo descrito por Carrión: ambos fueron incluidos en la misma dinámica de hostigamiento, con acusaciones mediáticas amplificadas por medios próximos a Renovación Popular y congresistas del partido.
Testigos bajo presión
En la carpeta fiscal sobre Renovación Popular, las presiones alcanzan también a testigos. Martín Bustamante, exdirigente de Solidaridad Nacional, ha denunciado intentos de acercamiento por parte del entorno del alcalde. En su testimonio ante la fiscal Milagros Salazar, advirtió que teme por su seguridad, según un acta fiscal revisada por reporteros de “La Caja Negra”.
El nombre de López-Aliaga aparece también en el testimonio de Paula Maguiña, viuda de José Miguel Castro, exgerente municipal de Susana Villarán. Ella declaró ante la Fiscalía que su esposo -quien investigaba los contratos entre la Caja Metropolitana de Lima y empresas de López-Aliaga- le confesó sentir miedo.
“Me dijo que tenía enemigos que querían hacerle daño. El único nombre que mencionó fue el del alcalde de Lima”, relató.
Castro apareció muerto en junio de 2023 con un corte profundo en el cuello.
La Fiscalía aún investiga el caso.
Un aspirante presidencial en campaña
El 29 de octubre, Rafael López-Aliaga oficializó su precandidatura a la presidencia de la República por Renovación Popular. Su plancha la integran Norma Yarrow y Jhon ramos Malpica en la primera y segunda vicepresidencia. Días antes había presentado su renuncia a la alcaldía de Lima para dedicarse a la campaña.
Según el último estudio nacional de CPI, el exalcalde lidera la intención de voto con el 13.7 % de las preferencias, seguido por Keiko Fujimori (9.0 %) y Mario Vizcarra (7.9 %) y. Sin embargo, más del 50 % de peruanos aún no define su voto o manifesta que prefiere no apoyar a ningún candidato.
El director de CPI, Manuel Saavedra, señaló en una entrevista con “La Caja Negra” que una posible acusación por lavado de activos contra Renovación Popular difícilmente impactarán en la candidatura de su lider, Rafael López-Aliaga.
“Estos episodios no parecen afectar su base electoral”, aseguró Saavedra. “Su votante interpretará las denuncias como parte de una persecución política, y eso puede fortalecerlo más que debilitarlo”
En cambio, en el Ministerio Público y la Procuraduría el panorama es otro. “Hay una estrategia coordinada para neutralizar a quienes investigan a Renovación Popular”, manifestó un fiscal a este medio. “Comenzó con los ataques a la procuradora, continuó con la comisión del Congreso y ahora apunta al equipo Lava Jato”, dijo.
Los documentos revisados por “La Caja Negra” confirman ese patrón: presiones directas a través de mensajes personales, campañas mediáticas diseñadas para desacreditar, y la utilización de comisiones parlamentarias como supuesto instrumentos de coerción.
Silvana Carrión lo resumió en su informe final antes de dejar el cargo: “Cuando los intereses políticos interfieren en la defensa jurídica del Estado, el país pierde autoridad ante sus propios tribunales”, dijo.
