Silvana Carrión: “El alcalde presionó para forzar mi salida”
En entrevista con La Caja Negra, la procuradora ad hoc del caso Lava Jato atribuyó su destitución a una campaña hostil impulsada por el alcalde de Lima y voceado candidato presidencial, Rafael López-Aliaga. Un documento la respalda.
Américo Zambrano
“El alcalde Rafael López-Aliaga presionó para forzar mi salida”, dijo.
Silvana Carrión
En una entrevista con La Caja Negra, la procuradora Silvana Carrión aseguró que su salida fue el desenlace de una presión política sostenida desde dos frentes: la Municipalidad de Lima y la bancada de Renovación Popular.
La abogada, que durante siete años lideró la defensa del Estado en el caso Lava Jato, el escándalo de corrupción más importante de los últimos años, aseguró que el burgomaestre buscaba imponerle decisiones contrarias a la autonomía de la Procuraduría.
Denunció también que el exministro de Justicia, Juan José Santiváñez, cambió al Consejo Ejecutivo de la Procuraduría General del Estado para atender de inmediato las denuncias de López-Aliaga y destituirla intempestivamente del cargo.
Esa misma versión está registrada en un documento oficial en poder de este medio. En el Informe 010-2025, enviado el 5 de setiembre a la Procuraduría General del Estado, Carrión describe mensajes, amenazas y una campaña mediática coordinada para obligarla a intervenir en una demanda internacional presentada por la Municipalidad ante una corte de Nueva York.
“No se trataba de un pedido, sino de una presión”
declaró la procuradora a La Caja Negra. En su informe, añade que los mensajes violaron los principios de autonomía y objetividad que rigen la defensa jurídica del Estado. Lo que siguió, afirma, fue una ofensiva pública: notas en “Expreso”, “Willax TV” y “Canal B” que la acusaban de “no defender al Estado” y de “proteger a Odebrecht”.
Carrión asegura que la presión no fue mediática. Integrantes del partido Renovación Popular acudieron a la Procuraduría General del Estado para exigir su destitución, mientras congresistas aliados amplificaban los ataques. “Hubo un patrón coordinado para desacreditar mi gestión y trasladar una decisión técnica al terreno político”, señaló.
La abogada sostiene que se trató de una estrategia amplia, destinada a debilitar al equipo que investiga a Renovación Popular por presunto lavado de activos. “El objetivo era apartarme del cargo antes de que el caso avanzara”, sostuvo.
El informe cierra con una advertencia de la ahora ex-procuradora:
