Las presiones de Rafael López-Aliaga para frenar el caso Renovación Popular

Aún no ha renunciado a la alcaldía de Lima ni formalizado su candidatura, pero Rafael López-Aliaga ya actúa como si el poder estuviera en campaña. En los últimos meses, el líder de Renovación Popular ha librado una ofensiva política y mediática contra quienes investigan los presuntos aportes ilícitos que su partido -heredero de Solidaridad Nacional- recibió de Odebrecht y OAS durante la campaña municipal de 20214, según documentos obtenidos por La Caja Negra.

El blanco inicial fue Silvana Carrión, entonces procuradora ad hoc del caso Lava Jato. En abril, Carrión pidió al Poder Judicial que Renovación Popular asumiera solidariamente el pago de 238 millones de dólares por reparación civil. La respuesta del alcalde fue inmediata: ataques en medios, denuncias internas y mensajes directos en los que la acusaba de perjudicar al Estado.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carrión entregó a este medio 14 capturas de pantallas de los mensajes que López-Aliaga le envió por WhatsApp, entre mayo y junio de este año. En los chats, el burgomaestre la presiona y amenaza.

 

 

“Me estás obligando a salir a la prensa a denunciar este comportamiento”, le advierte en uno de ellos.

En setiembre, tras semanas de hostigamiento, el ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, firmó su destitución a exigencias de López-Aliaga. Carrión dejó constancia de todo ello en un informe que presentó a la Procuraduría General del Estado y al que La Caja Negra también tuvo acceso.

Desde entonces, el fuego se ha desplazado hacia los fiscales del Equipo Lava Jato. La Comisión Parlamentaria que investiga el acuerdo con Odebrecht, presidida por el congresista Alejandro Muñante, aliado del alcalde, ha puesto bajo sospecha a Rafael Vela, José Domingo Pérez y a otros integrantes del equipo especial.